Una inspección tributaria, un requerimiento de información o una investigación de Hacienda pueden colocar a empresarios, autónomos y particulares ante una situación especialmente delicada. Cuando existen indicios de fraude fiscal, una cuestión inicialmente tributaria puede adquirir consecuencias penales. En estos escenarios, actuar desde las primeras actuaciones resulta fundamental. Braulio Castillo Abogados asesora en Castellón y Valencia en procedimientos relacionados con delitos contra la Hacienda Pública y situaciones en las que las consecuencias económicas y penales pueden ser importantes.
¿Cuándo puede existir un delito de fraude fiscal?
No cualquier deuda con Hacienda constituye un delito fiscal. La normativa penal exige determinados presupuestos y cuantías para que una conducta pueda ser considerada delito contra la Hacienda Pública.
El artículo 305 del Código Penal establece, con carácter general, el umbral en una cuota defraudada superior a 120.000 euros. La conducta puede consistir, entre otros supuestos, en eludir el pago de tributos, obtener devoluciones indebidamente o disfrutar de beneficios fiscales de forma fraudulenta.
Cuando concurren determinadas circunstancias agravantes, como una cuota defraudada superior a 600.000 euros, el artículo 305 bis contempla consecuencias penales más severas.
Por ello, ante una investigación resulta esencial determinar desde el principio qué operaciones están siendo cuestionadas, qué ejercicios fiscales se encuentran afectados y cuál es la cuantía que la Administración considera defraudada.
Una inspección puede convertirse en un problema penal
Uno de los momentos más sensibles aparece cuando la Administración Tributaria aprecia indicios de un posible delito contra la Hacienda Pública.
En estos casos, la estrategia adoptada durante las primeras actuaciones puede condicionar el desarrollo posterior del procedimiento. La documentación contable, las declaraciones tributarias, las operaciones empresariales y las comunicaciones mantenidas con la Administración pueden convertirse en elementos relevantes para la defensa.
Esperar a que exista un procedimiento penal avanzado reduce el margen disponible para analizar los hechos y preparar una respuesta jurídica adecuada.
La defensa debe comenzar desde las primeras actuaciones
Ante una investigación por fraude fiscal, no basta con estudiar únicamente las cifras. También resulta necesario analizar cómo se realizaron las operaciones cuestionadas, la documentación existente, la intervención de administradores o terceros y las circunstancias concretas que rodearon los hechos.
Contar con abogados especialistas en fraude fiscal en Castellón y Valencia permite abordar conjuntamente las implicaciones tributarias y penales del procedimiento.
Braulio Castillo Abogados interviene en este tipo de situaciones con el objetivo de estudiar el expediente, identificar los riesgos existentes y establecer una estrategia de defensa ajustada a las circunstancias del investigado.
Actuar antes puede ampliar las opciones de defensa
Los procedimientos relacionados con fraude fiscal pueden implicar multas importantes y, cuando existe responsabilidad penal, incluso penas de prisión. Además, determinadas actuaciones de regularización pueden producir efectos jurídicos distintos dependiendo del momento en el que se realicen.
Por este motivo, empresarios, autónomos o particulares que hayan recibido un requerimiento, estén sometidos a una inspección o conozcan la existencia de una investigación relacionada con posibles irregularidades fiscales pueden beneficiarse de una valoración jurídica inmediata.
Retrasar el asesoramiento puede limitar las alternativas disponibles. Analizar el expediente desde las primeras actuaciones permite conocer el alcance real del problema y definir cuanto antes la estrategia de defensa más adecuada.