La Xunta ha logrado importantes avances en la gestión de las concesiones de autovías heredadas del bipartito, destacando una reducción significativa de la hipoteca asociada. La conselleira Ethel Vázquez subrayó la eficiencia en la administración de los recursos públicos, evidenciada por la construcción de 220 kilómetros de vías de altas prestaciones y el mantenimiento de la inversión en la conservación de carreteras.
En el marco de los compromisos financieros dejados por el Gobierno anterior, que ascendían a 4.100 millones de euros, la Xunta ha trabajado para reducir esta carga, logrando un ahorro sustancial. Vázquez destacó la capacidad del gobierno gallego para avanzar en la vertebración territorial, asegurando que más del 80% de la población vive a menos de 15 minutos de una vía de altas prestaciones sin peaje.
La conselleira enfatizó la responsabilidad en la gestión de contratos de concesión, señalando los acuerdos para las autovías del Salnés y del Barbanza, firmados por la exconselleira del bipartito María José Caride. Estos contratos establecen indemnizaciones multimillonarias en caso de quiebra, lo que podría haber representado un riesgo financiero considerable para la Xunta.
Ante la inasumibilidad de hacer frente a pagos millonarios en un solo ejercicio, Ethel Vázquez resaltó la decisión de la Xunta de buscar soluciones alternativas, como el reequilibrio de tarifas de peajes en sombra para garantizar la viabilidad de las concesiones. Este enfoque, realizado de manera prudente y selectiva, evitó pagos excesivos y se alineó con las prioridades presupuestarias, como la atención a la sanidad, educación y dependencia.
La conselleira también hizo hincapié en la defensa del interés general, destacando la negativa de la Xunta a las solicitudes de reequilibrio presentadas por las concesionarias afectadas por la caída del tráfico debido a la pandemia de la COVID-19. Además, señaló que la revisión de las tarifas de peajes continuará, asegurando que se realice en beneficio de la comunidad.
Ethel Vázquez concluyó su intervención recordando el respaldo legal al proceso de contratación del transporte público autonómico, destacando la apertura de un expediente sancionador a las empresas afectadas por la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Subrayó que tanto el Tribunal Administrativo de Contratación Pública como el Tribunal Superior respaldan el procedimiento seguido por la Xunta, siendo incluso ejemplo para el Ministerio de Transportes en el seguimiento y control de las concesiones de transporte público autonómico.
